La nueva reforma de la Administración Local, dejará a la ciudadanía
de los municipios sin los recursos sociales más imprescindibles.
Según el equipo de Gobierno, estas competencias pasan
a las Comunidades sin que puedan aumentar el gasto.
Montoro anuncia un ahorro de 8.024 millones entre 2013 y 2019
Según el equipo de Gobierno, estas competencias pasan
a las Comunidades sin que puedan aumentar el gasto.
Montoro anuncia un ahorro de 8.024 millones entre 2013 y 2019
Unos 70.800 empleos en servicios sociales, 2'6 millones de beneficiarios de prestaciones (en ayuda a domicilio, apoyo a la familia, inserción social, albergues para inmigrantes, comedores) o 30.000 plazas en residencias de mayores están en el aire como consecuencia de la REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, una ley que el Gobierno prevé aprobar en breve. El sector ya venía avisando de que esta reforma aboca a la privatización o cierre de estos servicios que prestan los Ayuntamientos. Ahora, un sencillo pero exhaustivo cálculo, basado en documentos oficiales sobre presupuestos, plazas residenciales, empleo y usuarios, viene a poner cifras a ese riesgo aún incierto.
La norma contempla retirar las competencias en servicios sociales a las entidades locales —las que conocen más a fondo las necesidades de los vecinos y prestan una atención más cercana— y trasladar la responsabilidad de la asistencia a las autonomías.
Ese tránsito de titularidad se producirá en un momento económico especialmente delicado para las comunidades autónomas, que ya han visto reducidos sus recursos para servicios sociales, así que difícilmente podrán encargarse de otros. Además, se desconoce cuáles asumirán finalmente las autonomías, que tendrán que hacerse cargo del coste de las prestaciones en plena asfixia financiera, y cuáles decidirán cerrar o privatizar. A esta incertidumbre no ayuda que el recorte en el gasto público sea uno de los principios que han inspirado la nueva ley.
“Las consecuencias no pueden ser más graves”, advierte José Manuel Ramírez, de la ASOCIACIÓN ESTATAL DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES, que teme “el abandono de las personas y familias más afectadas por la crisis, en unos momentos de auténtica emergencia ciudadana” por un posible retroceso en las prestaciones. La asociación apunta que entre los distintos planes de asistencia municipal (que suponen 1.000 millones de euros al año, según los datos del Plan Concertado) y los 800 millones que cuestan las residencias de ámbito local, hay 1.800 millones de euros destinados a servicios sociales bajo la amenaza de la tijera.
Hasta ahora, los municipios de más de 20.000 habitantes tenían la responsabilidad de prestar servicios sociales. Y así lo han venido haciendo desde mitad de los ochenta. Las localidades han ido desplegando servicios de ayuda a domicilio, residencias de mayores, prestaciones de apoyo a la familia, de prevención e inserción social, comedores, servicios de atención a la mujer, albergues de inmigrantes o cualquier otro recurso que consideraran necesario. En la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, prefieren no pronunciarse sobre los efectos de la ley hasta que “no esté aprobada y entre en vigor”, según trasladó un portavoz al diario El País.
Se trata, con todo ello, de “evitar duplicidades administrativas” o “contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos”, una terminología que casi siempre anuncia recortes. El ahorro vendría del cierre de servicios que ahora prestan Ayuntamientos y que las comunidades autónomas no consideraran necesarios.
La ley concede un año para transferir estas competencias. A partir de ese momento, la titularidad de los servicios sociales municipales “corresponde a las comunidades autónomas, que podrán establecer las medidas necesarias para la racionalización del servicio”. Es decir, la decisión de qué servicios mantener dependerá de unas autonomías obligadas a no rebasar el listón de déficit público establecido.
Se trata, con todo ello, de “evitar duplicidades administrativas” o “contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos”, una terminología que casi siempre anuncia recortes. El ahorro vendría del cierre de servicios que ahora prestan Ayuntamientos y que las comunidades autónomas no consideraran necesarios.
La ley concede un año para transferir estas competencias. A partir de ese momento, la titularidad de los servicios sociales municipales “corresponde a las comunidades autónomas, que podrán establecer las medidas necesarias para la racionalización del servicio”. Es decir, la decisión de qué servicios mantener dependerá de unas autonomías obligadas a no rebasar el listón de déficit público establecido.
A partir de datos públicos, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha puesto números al impacto de la norma. Por ejemplo, los 70.817 puestos de trabajo en juego. O los dos grandes grupos de prestaciones municipales que están en peligro: la ayuda a domicilio (un programa de apoyo a actividades diarias en el hogar que atiende a 648.738 personas) y el servicio de apoyo a la familia (un recurso que cuenta con 519.046 beneficiarios). Con el resto de actividades de prevención e inserción social que desarrollan las entidades locales afectadas por el cambio legal se atiende a 1,4 millones de personas. A estos datos, que responden a la evaluación del Plan Concertado de Servicios Sociales de 2011, habría que añadir las prestaciones de Navarra y País Vasco, que no están incluidas en este documento. Y otros servicios, como las residencias de mayores y los pisos tutelados gestionados por entidades locales, que ascienden a 32.440 plazas, según el registro de centros del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Los gerentes de servicios sociales reclaman que la nueva ley de la Administración local respete el peso de los municipios en la acción social. Y recuerdan que las autonomías con un sistema más descentralizado son las que cuentan con una mayor eficiencia y eficacia en su oferta de prestaciones.
La nueva ley
Disposición transitoria segunda
La nueva ley
Disposición transitoria segunda
1. Tras la entrada en vigor de la ley, la titularidad de las competencias que se veían como propias del municipio relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social corresponderán a las autonomías, que podrán establecer las medidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio.
2. En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley, y previa elaboración de un plan para la evaluación, reestructuración e implantación de los servicios, las comunidades autónomas, habrán de asumir la cobertura inmediata de dicha prestación.
3. Transcurrido un año sin que las autonomías hayan asumido el desarrollo de los servicios de su competencia o hayan acordado su delegación, los servicios seguirán prestándose por los municipios con cargo a la comunidad autónoma. Si no se transfirieran las cuantías precisas, se aplicarán retenciones en las transferencias [Estatales].
Lo que dice la legislación
La Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local establece en su artículo 25 que el municipio “se hará cargo de la salubridad pública”; la “participación en la gestión de la atención primaria de la salud”; los “cementerios y servicios funerarios”; la “prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social”.
En materia de educación obliga a los Ayuntamientos a “participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, así como intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria”.
Los Ayuntamientos pueden realizar, según el artículo 28 de la ley actual “actividades complementarias relativas a la educación, la promoción de la mujer, la vivienda o la sanidad”.
La reforma pretende suprimir el 28 y modifica el artículo 25 limitando los servicios sociales del municipio a “la evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión”; “protección de la salubridad pública”; “cementerios y funerarias” y “participar en la vigilancia de la escolaridad obligatoria, así como cooperar con las Administraciones educativas en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros”.
Para + información: http://www.publico.es/459779/el-gobierno-confirma-el-hachazo-a-los-servicios-sociales-que-prestan-los-ayuntamientos
Mientras tanto...
Para + información: http://www.publico.es/459779/el-gobierno-confirma-el-hachazo-a-los-servicios-sociales-que-prestan-los-ayuntamientos
Mientras tanto...
Los recortes nunca son para la clase política. Para muestra un botón... El sueldo de Ana Mato, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (PP) es de... 64.053,79 € (bruto)
Observaciones
Hasta julio de 2012 el sueldo de Diputado era de 68.981 euros.
Cobra la indemnización por manutención y desplazamiento del Congreso. 12 pagas de 870,56 euros. Son 10.446,72 al cabo del año, exentos de tributación.
En total, sueldo más indemnización suman 74.500,51 euros.
Datos insertados con fecha del 20/07/2012
Para informarte de los sueldos de l@s polític@s, puedes consultar en: http://www.sueldospublicos.com
Observaciones
Hasta julio de 2012 el sueldo de Diputado era de 68.981 euros.
Cobra la indemnización por manutención y desplazamiento del Congreso. 12 pagas de 870,56 euros. Son 10.446,72 al cabo del año, exentos de tributación.
En total, sueldo más indemnización suman 74.500,51 euros.
Datos insertados con fecha del 20/07/2012
Para informarte de los sueldos de l@s polític@s, puedes consultar en: http://www.sueldospublicos.com
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